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Quieren redistribuir el destino final de los residuos; el plan incluye plantas de tratamiento y más vertederos
El cierre de todos los basurales a cielo abierto, la apertura de cuatro nuevos rellenos sanitarios, la construcción de cinco plantas de tratamiento biológico (MBT) y dos de termovalorización o incineración -que transforman residuos en energía- integran el plan de gestión ambiental a 2030 que se presentó en la provincia de Buenos Aires hace 10 días. Los municipios deberán elaborar alternativas para lo que descarten y controlar que no vuelvan a aparecer los vuelcos clandestinos.
La iniciativa tiene dos ejes. Por un lado, redistribuir por zonas las 17.109 toneladas de desechos que se generan en 39 partidos del gran Buenos Aires y en la Capital. Actualmente, se depositan en tres complejos ambientales: Norte III, González Catán y Ensenada; este último debe cerrar a fines de año por orden judicial. Por el otro, instaurar la separación de residuos como obligatoria en toda la zona. Sólo lo que no puede ser recuperado va a ser enterrado.
Hoy el sistema no está colapsado pero no tiene una buena distribución. Las cifras pueden dar una idea de este concepto: hoy circulan por la región metropolitana de Buenos Aires 2500 camiones recolectores de 39 municipios; si se pusiera un camión detrás de otro ocuparían 23 kilómetros, el largo que tiene la avenida General Paz. En 2030, las 17,7 millones de personas que vivan en la región generarán 24.920 toneladas diarias de desechos, que demandarían una logística de traslado de 3900 camiones, según las proyecciones. Con su impacto y sus costos correspondientes.
Suman complejos en el interior de la Argentina
«Éste es el momento porque no estamos en medio de una crisis. Podemos pensar en el mediano y en el largo plazo, en un escenario de lucha contra el cambio climático donde el enterramiento pase a ser el último paso de un proceso virtuoso. Hay que pensar primero en separar la basura, darle valor, generar energía y, sólo después de todo esto, enviar lo que queda al relleno sanitario», explicó Gustavo Coria, presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), una compañía estatal de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad.
La iniciativa prevé la apertura de cuatro nuevos complejos ambientales. Uno en la zona que recibiría y procesaría la basura de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Escobar. Otro en el que se procesarían los desechos d e Mercedes, Luján, General Rodríguez, Pilar, Moreno, Merlo, San Miguel, José C. Paz, San Martín, Ituzaingó, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, Tigre, San Fernando, San Miguel, Morón, San Isidro, Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires. El tercero deberá abrirse en el sur, como consecuencia de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, para los partidos involucrados: Avellaneda, Lanús, La Matanza, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. El cuarto recibirá lo que se genera en Magdalena, La Plata, Brandsen, Ensenada y Berisso.
Cada complejo contará con plantas de separación de residuos y un relleno sanitario. En el corredor norte y la zona de Acumar se plantea para 2023 incorporar la valorización térmica o incineración. Aunque no hay números oficiales respecto de la inversión que implicaría el proyecto, se estima que rondaría una inversión de unos 1000 millones de dólares.
Múltiples actores
El plan fue presentado frente a unos 50 dirigentes comunales con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai; el director del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Ricardo Pagola, y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. Son los intendentes los responsables del proceso y la disposición final de residuos en sus distritos; sin embargo, pocos municipios desarrollaron programas de reducción del enterramiento. Sólo la Ciudad, por un compromiso asumido con la provincia en 2007, redujo casi la mitad de lo que envía a rellenos sanitarios.
Sebastián Cáceres, concejal del bloque FPV-PJ de San Miguel, reclama por los perjuicios del relleno Norte III sobre su municipio. «Pedimos que se controle el impacto en la zona. El olor también es contaminación. Tiene que haber una política de Estado para empezar a separar los residuos; también, estudios periódicos para evaluar cómo se afecta a la población», dijo a LA NACION Joaquín De la Torre, intendente de San Miguel, ex Frente Renovador y que ahora coquetea con Cambiemos, no quiso hacer declaraciones. Según sus voceros, no fue invitado a la presentación del plan oficial.
Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina, impulsora de la ley Basura Cero que rige en la Capital, advirtió: «La termovalorización es una tecnología de combustión de residuos sólidos urbanos (RSU). Como tal, está expresamente prohibida por la ley. Los RSU de la ciudad no se pueden incinerar ni de este lado ni del otro lado de la General Paz. Para no violar la ley, deberían excluir del plan a los residuos porteños, que son la mayor parte». En ese sentido, en la Ciudad evalúan cambiar la normativa, pero no hay una urgencia ya que la tecnología se incorporaría dentro de ocho años.
Alfonso Coll Areco (Justicialismo bonaerense), presidente de la Comisión de Ambiente del Senado provincial, opinó: «Creo que técnicamente es la mejor solución la que propone Ceamse. Ahora hay que ver cómo van a ejecutar el plan».
Hace 10 días, una planta de MBT empezó a funcionar en Ensenada. En Ceamse creen que es el primer paso para reordenar el sistema. Con la ampliación del relleno Norte III hacia terrenos de Campo de Mayo, también se extiende la vida útil de ese vertedero. En el mismo predio, se genera electricidad para unas 100.000 personas. Es el modelo que las autoridades quieren replicar en toda la región.