Pocas cosas pueden impresionar menos a un argentino del interior que las quejas de los porteños por el clima. Lo que en la ciudad de Buenos Aires califican como muy frío o caluroso es relativo para quienes están acostumbrados a vivir en climas más rigurosos, ya sea en el norte o en la Patagonia. Una de esas pocas cosas podrían ser, también, los lamentos cuando cambia el costo del transporte público. Con cada aumento del boleto de colectivo en la CABA, en las provincias recuerdan que en este rubro pagan mucho más porque reciben menos subsidios, situación que el Gobierno prometió ir equilibrando.
Los porteños y sus vecinos del Gran Buenos Aires abonan un boleto urbano promedio, en el transporte automotor, que está entre los más bajos del país: $ 5,40, muy lejos del que pagan los habitantes de otras grandes urbes como Rosario ($ 8,40) y Córdoba ($ 8,70), o de ciudades como San Miguel de Tucumán ($ 8,82), Río Gallegos ($ 12,77) y Bariloche ($ 11,08), según datos del Ministerio de Transporte. En esos cálculos está incluida la tarifa social que implica, para quienes la abonan, un descuento del 55% .
La ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen otra ventaja: cuentan con el tren como alternativa al colectivo, mientras que la mayoría de las ciudades del interior depende del transporte automotor.
Por eso, tras completar una nueva ronda de aumentos de luz y gas, el Gobierno avanza ahora sobre el ajuste de tarifas con mayor costo político, el del transporte. No en vano hay una máxima no escrita que dice que los boletos de colectivos y trenes no se tocan cuando hay elecciones. En los últimos años, la consigna se respetó casi siempre con una sola excepción. A lo largo de sus dos mandatos, Cristina Kirchner aumentó el boleto mínimo de colectivo 400%, con alzas en años no electorales como 2008, 2012 y 2014. Una excepción fue la suba de enero de 2009 y, curiosamente, su gobierno perdió las elecciones de medio término ese año, aunque seguramente por otros motivos.
La administración Macri, por su parte, hasta ahora sólo decidió un incremento, del 100%, en abril de 2016, otro año sin asistencia a las urnas. El ajuste que se viene en 2018 seguirá honrando la regla, aunque en el Gobierno igualmente analizan cómo hacerlo con el menor costo político posible. Cuestión de estilo. A la hora de aumentar tarifas, el ministro de Transporte suele ser más cauteloso que su colega de Energía. Por eso fuentes cercanas a Guillermo Dietrich confirman el próximo incremento sin demasiado énfasis: «En la medida en que el año próximo la inflación siga bajando y la recuperación económica consolidándose [escenario que prevén todas las consultoras y el propio Gobierno] se harán aumentos graduales».
Según ya se anticipó, el nuevo aumento se anunciará junto con la implementación de una tarifa «multimodal» cuyo objetivo, dijeron fuentes de Transporte, es que las personas que viven más lejos del centro de la ciudad de Buenos Aires paguen menos por el transporte que aquellos que viven más cerca. También se analiza posibilitar que paguen menos si se hacen dos viajes en un período corto de tiempo. Este esquema, que se aplicará exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), complementará la tarifa social para jubilados, ex combatientes de Malvinas y beneficiarios de planes sociales, que seguirá vigente. Ya se están haciendo las pruebas con la información de la tarjeta SUBE (hay 14 millones de plásticos) como punto de partida y ciudades como Londres, Medellín y Barcelona como fuentes de inspiración.
«El sistema se irá implementando de a poco porque requiere adaptaciones administrativas y obras de infraestructura para poder funcionar. Hay tres jurisdicciones de colectivos, nacional, provincial y municipal; es un primer paso de descuentos sucesivos pero el camino es largo y llevará tiempo», anticipan en Transporte. Justamente, el ritmo del «gradualismo» que el Gobierno promete también en este campo provoca un debate interno. Hay funcionarios que impulsan la idea de aplicar aumentos de montos muy pequeños pero periódicos, aunque en la cartera de Dietrich lo rechazan categóricamente. «Es imposible aumentar los boletos todos los meses [una de las versiones que trascendió] por una cuestión técnica y económica; homologar las máquinas expendedoras permanentemente tendría un costo enorme; es inviable», aseguran.
Haciendo cálculos:
Pero más allá de descuentos, sistemas nuevos y beneficios, ¿cuánto pegará en el bolsillo la suba de boletos el año próximo para la mayoría de los usuarios? Actualmente, lo recaudado por la venta de pasajes de colectivos cubre sólo un tercio del costo del funcionamiento del transporte público; los otros dos tercios los pone el Estado a través de subsidios. La tarifa técnica, es decir, lo que tendría que costar el boleto mínimo para autofinanciar la operación y el mantenimiento del sistema lo ubicaría en $ 18 (hoy está en $ 6), estiman en Transporte, donde prometen que «no habrá shock» y que, aunque más bajo, el subsidio continuará.
Estos números permiten tener una idea de lo que está evaluando el Gobierno en este momento. «Todos los sistemas de transporte del mundo son subsidiados, pero no en el grado que nosotros tenemos. Normalmente el subsidio va de un 20% a un máximo de 50%», dicen. Entonces, el boleto mínimo podría incrementarse, siguiendo el criterio, en un rango que iría de $ 9 a poco más de $ 14, según ponga el Estado el 20 o el 50% de la tarifa técnica en vez del actual 66%. Para ir haciendo cálculos, más allá de que casi siempre la política tiene la última palabra.
Fuente: La Nación
