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Debe cumplir un fallo que lo obliga a concretar mejoras contra incendios y accidentes; murió un chico.
La justicia porteña intimó al gobierno local y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a que cumplan con la medida cautelar dictada a fines de febrero pasado que ordenó la rehabilitación del servicio de ascensores en el nudo 4 del complejo habitacional Villa Soldati, la realización de las obras indispensables para evitar futuros siniestros e incendios y la limpieza de los tanques para garantizar la potabilidad del agua, entre otras acciones. Por cada día de retraso en el cumplimiento de la disposición judicial se impondrá una multa de 2000 pesos al presidente del IVC, Pablo Roviralta.
En el mismo complejo, pero en el nudo 10, murió en septiembre pasado Cristian Crespo, un chico de 14 años, al caer desde 24 metros de altura cuando cedió una vieja baranda de contención de las escaleras.
Ahora, la magistrada a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7 porteño, Lidia Lago, intimó al IVC y al gobierno de la ciudad a cumplir «en el plazo de 10 días» con la medida cautelar que había dictado el 27 de febrero, en la que ordenó una serie de acciones relativas a garantizar la seguridad y condiciones de habitabilidad de las personas que habitan el nudo 4.
Según información brindada por el Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura local, la jueza advirtió «un claro comportamiento elusivo» de los demandados «no sólo respecto de la elaboración del informe general sobre el nudo 4 requerido a fin de tener un cabal estado de situación», sino que «condiciona su actividad tanto al resultado de procesos licitatorios que estarían en marcha (ascensores, instalaciones contra incendios e iluminación de emergencia) como a requerimientos expresos del consorcio involucrado (servicio de gas), con claro desconocimiento de la orden impartida».
Acción vecinal
Tanto la cautelar como la reciente intimación responden a la acción de amparo impulsada por un grupo de vecinos del Complejo Soldati para que se garantice el cumplimiento de la ley 623, que, en 2001, declaró la emergencia edilicia y ambiental de las instalaciones, y que se tutele los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad y a la vivienda digna de los habitantes del barrio.
El núcleo habitacional fue construido entre 1972 y 1978. Situado entre las calles Mariano Acosta, Lacarra, la avenida Roca y las vías del ferrocarril Belgrano, abarca 19 hectáreas y cuenta con 3260 viviendas, agrupadas en 12 nudos (grupos de edificios).
«Debe destacarse -continuó Lago- que la orden cautelar expedida comprendía tanto actividades de compleja y costosa instrumentación, como pueden ser las relativas al funcionamiento de los ascensores o la regularización del suministro de gas […], junto con otras que requieren su inmediata implementación en virtud de los riesgos que se pretenden cubrir: obras necesarias para evitar futuros siniestros e incendios y a fin de aventar la posibilidad de electrocución, incendio, derrumbe o desprendimientos de mampostería o garantizar la potabilidad del servicio de agua.»
Y agregó: «Ninguna de estas cuestiones tuvo adecuada respuesta por parte de la demandada, por lo que se ha verificado el incumplimiento denunciado tanto por la actora como por la asesora tutelar interviniente, por lo que cabe intimar a las demandadas a que den estricto cumplimiento de la orden cautelar impartida».
Si así no lo hicieren, luego de un plazo de 10 días se impondrá «una multa de 2000 pesos por cada día de retardo» en cabeza del presidente del IVC, Pablo Roviralta, estableció la magistrada.
En la cautelar de febrero, había exigido, entre otros puntos, que se subsanen «las irregularidades que surgen del informe de la Superintendencia Federal de Bomberos», consistentes en completar el sistema de agua contra incendios dotándolo de las respectivas llaves, mangas y lanzas, y además de dotar al edificio de matafuegos distribuidos en pasillos y palieres de cada piso.
El gerente coordinador de Gestión Social de la Vivienda del IVC, Tomás Reverter, dijo a LA NACION que «el informe solicitado por la Justicia será presentado la semana próxima», mientras que «las obras licitadas de ascensores y sistema antiincendios comenzarán dentro de aproximadamente un mes».
Agregó que el IVC realiza «un trabajo de desarrollo consorcial» mediante reuniones con los vecinos y los administradores, que buscan encauzar «la difícil tarea de recuperar una estructura con tantos años de deterioro y falta de mantenimiento».
