Cómo bajar la pobreza (según dónde vivan las familias)

Con 25,9% de los hogares pobres, la región de Cuyo es, según la estadística oficial, la más castigada del país, seguida por el Noroeste con el 24,2%. Más atrás se ubican el Nordeste (23,5%), Gran Buenos Aires (22,2%, con índices de 6,8% en Capital Federal y de 25,6% en el conurbano), la zona pampeana (21,3%), y la Patagonia (16,8%). Aunque el nivel de pobreza es alarmante en todas las regiones, hay diferencias que, según advierten los analistas, deben ser tomadas en cuenta para diseñar políticas focalizadas, más allá de las medidas universales que se instrumenten.

La primera coincidencia entre economistas y estudiosos del tema consultados por LA NACION es que debe dejar de pensarse la pobreza como un fenómeno económico que se resuelve con transferencia de ingresos. «Si nos seguimos centrando en ese punto, estamos equivocando el objetivo, porque no necesariamente se promueven el desarrollo y la inclusión», describe el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Según un informe del Ieral, la pobreza podría reducirse del 30,3% actual (ése es el último dato oficial, correspondiente al segundo semestre de 2016) a 26,8% hacia 2019 e incluso a 25,4% si la economía crece a una tasa mayor al 3%, se focalizan mejor las políticas sociales y se imprime un sesgo más federal del crecimiento. Eso implicaría que 1,5 millones de personas dejen de ser pobres (de un total actual estimado en 13 millones).

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, señala que la «mejor» focalización es la «mirada federal» y plantea que para promover el desarrollo con inclusión social, corresponde pensar regionalmente. «Hay realidades distintas, mapas productivos diferentes y marginalidades diferentes -agrega Pablo Gallo, del Cippes-. La pobreza se generalizó y se infantilizó; no es sólo la de las villas miserias, está también asociada a quienes tiene trabajo y por eso hay que cambiar el prisma de análisis.»

Un trabajo de Idesa apunta que la pobreza se usa como argumento para pelear por más gasto asistencial -como los $ 30.000 millones asignados en la declaración de la «emergencia social»- cuando, en rigor y según considera, la clave pasa por «mejor institucionalidad».

Desde ese centro de estudios, Marcelo Cárdenas indica que existen más de 100 programas «con superposiciones, diseños y gestión muy rudimentarios y niveles muy bajos de control, con lo que una porción grande de los recursos se pierde» sin llegar a quienes los necesitan.

Gallo aporta que «o el problema se encara de forma estructural o no hay salida». En esa línea indica que el trabajo debe integrar todas las áreas del Gobierno, con la Nación -por tamaño y nivel de inversión- como ordenador del resto de las administraciones. «El macrismo aumentó las partidas, pero no sólo se trata de plata, sino de la calidad, seguimiento y evaluación; en Córdoba, la provincia destina $ 6000 millones anuales, pero los resultados no se ven.»

La reorientación de las migraciones internas es uno de los aspectos que considera Vasconcelos: hacer un proceso inverso al de los últimos 50 años para revertir la aglomeración en las grandes urbes sin suficiente capacidad para generar empleo productivo.

«La macrocefalia es una fábrica de pobres -agrega-. La gente va de zonas de baja productividad a otras de baja productividad y costo de vida más alto. Hay que ordenar y acompañar los movimientos migratorios con una batería de medidas en las que las nuevas tecnologías son de gran ayuda.»

Medidas posibles

Según su opinión, el Plan Belgrano -el programa oficial de obras y políticas sociales que alcanza a 10 provincias y recibe $ 309 millones- va en ese sentido, pero también se requiere de infraestructura en red, proyectos compartidos entre dos o más provincias y con regiones adyacentes de países limítrofes, y eliminación de impuestos distorsivos. La clave, sostiene, es generar masa crítica de capital y recursos humanos.

Salvia insiste en que las transferencias de ingresos son necesarias y deben existir para garantizar un piso universal contra el hambre y la desnutrición. Y sostiene que constituyen una contención mínima contra la marginalidad. A su entender, deberían concebirse como un ingreso ciudadano no sólo monetario sino de bienes y servicios.

«Ese esquema hoy no funciona; está desarticulado, hay superposición. Debería depender del Estado nacional, pero con ejecución descentralizada y con fiscalización y evaluación. Es la herramienta para atacar el hambre más urgente, para pensar en marginalidad cero, pero no para salir de la pobreza.»

Enfatiza que los trabajadores pobres requieren mejores empleos y no más asistencia pública, por lo que hay que promover el desarrollo local con políticas económicas, laborales y educativas. «No se trata de atraer megainversiones, sino de apuntar a los emprendedores y a las pymes.» En esa línea, promueve la creación de un fondo de reinversión para la promoción de economías alternativas. Hay posibilidad de formarlo con parte de los impuestos que pagan empresas de áreas no renovables, como la minería. En las provincias donde hay explotación la pobreza sigue en niveles alarmantes.

Los instrumentos económicos que serían útiles -según repasa Salvia- pasan por una reforma fiscal que, en el caso de las grandes compañías, destine una parte de lo recaudado a los fondos de inversión regional, y la creación de un tributo mínimo por todo concepto para las pymes que incluya, por un tiempo determinado, el subsidio del Estado en lo que se refiere a las contribuciones para financiar el sistema de la seguridad social.

«No es nada difícil. Hay que trabajar en conjunto con las delegaciones del INTA, del INTI, de las universidades, para detectar sectores y hacer diseños que orienten y estimulen a emprendedores y pymes a que creen mercado interno.»

Para Salvia, el mayor problema es la voluntad política y la valentía necesaria para poder hacerlo: «Se deben negociar los cambios, articular las políticas, incorporar al Congreso, a las cámaras empresariales, a los gremios. Terminar con la competencia entre ciudades para ver quién se queda con algo o entre dos ministerios para resolver un tema».

Gallo suma como medida viable el reintegro del IVA -no la quita- para los sectores de ingresos bajos y medio bajos. «Eliminarlo beneficia a todos y eso ya se probó durante la gestión de (Eduardo) Duhalde y no va. Hay que focalizar la medida.

«Si todo fuera un problema de ingresos, ajustamos la billetera y mejoramos -sostiene Cárdenas-. Pero la plata está y no llega a donde debería. Para conseguir resultados hay que pensar en la pobreza multidimensional.»

Fuente: La Nación