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Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y nueve millones de pesos. Esa montaña de billetes necesitaría el estado bonaerense para prevenir inundaciones, hacer transitables sus rutas, seguras sus escuelas y habitables sus hospitales, rehabilitar las redes de electricidad, agua y cloacas y resolver una pequeña porción del déficit de viviendas. O, planteado de otro modo, ése es el valor de las obras que no se hicieron en las últimas décadas. Principalmente, por falta de recursos y por la discriminación en la coparticipación, pero también por desidia y corrupción.
Según una auditoría que realizó el gobierno de María Eugenia Vidal, a la que accedió LA NACION, el déficit de infraestructura provincial asciende a 456.979 millones de pesos. Pero a esa cifra habría que agregarle otros 30.000 millones de pesos para reparar las escuelas bonaerenses, según un informe que Vidal encargó por separado. Así, resolver el déficit total demandaría casi 500.000 millones de pesos.
La suma parece exorbitante, pero el cálculo es por el momento más conservador que ambicioso: no se trata de techar autopistas, resumen en La Plata, sino de sacar la provincia de la crisis en la que está sumergida desde hace años y que se traduce en pueblos inundados con cada lluvia, muertes evitables en sus rutas, servicios que no llegan a toda la población y condiciones deficitarias o insalubres en las escuelas, hospitales y comisarías.
Para dimensionar el monto total del déficit de infraestructura bonaerense vale señalar que es apenas inferior al presupuesto total que Vidal pidió para 2017: $ 522.602 millones, con obras proyectadas por $ 29.043 millones. «Es el primer año en el que el presupuesto se enfoca en atacar el déficit», señalan desde el Ministerio de Infraestructura que conduce Edgardo Cenzón.
Agregan que en 2017 la inversión real directa será el doble que en 2016 y que crecerá 415% con respecto de 2015, último año de Daniel Scioli. De hecho, la participación del gasto en obras frente al gasto total varió de un 3,7% en 2015 a 6,3% en 2016 (proyectado) y 8,3% en 2017 (presupuestado), según datos de la provincia.
Vidal dimensiona de otra manera el déficit: lo compara con la demanda por $ 250.000 millones que presentó ante la Corte Suprema para recuperar los recursos del Fondo del Conurbano que se derivaron a otras provincias en los últimos cinco años. «Cubriríamos la mitad del déficit», le dijo a LA NACION en agosto.
Sólo este año, la provincia perderá casi $ 50.000 millones de ese fondo (le toca apenas el 1,2%), que se creó en los 90 específicamente para Buenos Aires. Vale agregar: la provincia aporta más del 36% del PBI nacional, tiene más del 36% de la población, pero recibe menos del 19% de la coparticipación.
Inundaciones, cloacas y rutas
La porción principal del déficit de infraestructura (39%) corresponde a $ 173.481 millones que se deberían invertir en obras hidráulicas para prevenir inundaciones.
Buenos Aires se inundó 35 veces en los últimos 30 años, con una frecuencia creciente. La semana pasada se vivió un nuevo capítulo de esa saga, cuando las lluvias anegaron el noroeste provincial. La provincia debió decretar el estado de «emergencia y desastre agropecuario» para las explotaciones rurales en Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, Rivadavia y General Villegas.
Básicamente, la medida implica exenciones impositivas y facilidades para tomar créditos. Y se vuelve evidente el círculo vicioso: por no invertir en obras se pierde la cosecha, el aparato productivo local se paraliza, los productores deben endeudarse y el Estado deja de recaudar.
Según los cálculos oficiales, en la provincia hay 265.000 personas y 4,2 millones de hectáreas en riesgo de inundabilidad. Vidal convirtió esa demanda en una prioridad de su gestión durante la campaña de 2015, cuando recorrió una provincia que durante agosto y septiembre estuvo bajo agua. No parece una medida electoral muy efectiva: con los pies mojados, los bonaerenses eligieron a Scioli por sobre Mauricio Macri tres veces el año pasado.
La segunda porción más importante del déficit (25%) corresponde a las redes de agua y cloacas, que demandan $ 109.957 millones, tanto para rehabilitar y refuncionalizar las plantas de tratamiento como para extender la cobertura: hoy, más de la mitad de los bonaerenses (de zonas urbanas) no tienen cloacas y un cuarto carece de agua de red.
Las rutas provinciales son la tercera gran pata del déficit (18%): se necesitarían $ 80.141 millones para reparar la red actual y pavimentar lo que falta. Apenas el 30% de la rutas provinciales están pavimentadas y su estado crítico es evidente: no hace falta ver un cartel para saber cuándo se ingresa a una ruta bonaerense: con los ruidos de la suspensión del auto alcanza.
El cuarto rubro es vivienda y hábitat. El déficit habitacional total de la provincia es de 500.000 hogares, pero el cálculo de la Gobernación fue más conservador: se puso como objetivo 82.500 viviendas, para las que se necesitarían $ 40.425 millones.
Extender y mejorar la calidad del servicio de gas y electricidad demandaría $ 29.417 millones. Las obras de arquitectura requieren otros $ 23.557 millones. En este caso, sólo para reacondicionar los hospitales bonaerenses (el 100% necesita refacciones, según el informe), reparar 440 comisarías y finalizar las obras de los teatros Argentino y Martín Fierro. Las obras necesarias en las escuelas provinciales, como se dijo, se contaron por separado: repararlas (todas lo necesitan), demandaría $ 30.000 millones.
Con el informe en mano y todo servido para despotricar contra la «herencia» recibida, desde La Plata esquivaron esa consulta. «Las obras no se hacen hablando del pasado», retrucaron. De todos modos, y con otro ropaje, el informe podría convertirse en una herramienta para la campaña electoral que se viene.
